La nueva normativa reforma la regulación vigente del régimen económico y jurídico de la actividad de producción de energía eléctrica en régimen especial. En concreto, modifica tres reales decretos anteriores: el RD 661/2007, de 25 de mayo, por el que se regula la producción de energía eléctrica en régimen especial; el RD 1110/2007, de 24 de agosto, por el que se aprueba el reglamento unificado de puntos de medida del sistema eléctrico; y el RD 1578/2008, de 26 de septiembre, de retribución de la actividad de producción de energía eléctrica mediante tecnología solar fotovoltaica.
Entre las medidas que contiene esta nueva regulación destacan las siguientes: se limita el derecho a la percepción de prima equivalente para las instalaciones fotovoltaicas a los 25 años de vida útil; y se reduce la tarifa fotovoltaica en un 5 por ciento para instalaciones pequeñas de tejado, un 25 por ciento para instalaciones medianas de tejado y un 45 por ciento para instalaciones de suelo, para la primera convocatoria de preasignación a partir de la entrada en vigor de este real decreto (que sería la cuarta de 2010).
Se espera que la reducción de las tarifas reguladas que se introduce para las instalaciones fotovoltaicas supondrá un ahorro para el sistema de 141,5 millones en 2011, 202,3 millones en 2012 y 263,4 millones en 2013, según fuentes del Ministerio de Industria.
QUEJAS DE LA INDUSTRIA FOTOVOLTAICA
Ante estas medidas, las patronales del sector fotovoltaico han mostrado su rechazo a esta nueva normativa, que se ha elaborado a sus espaldas y sin consenso. Asif (Asociación de la Industria Fotovoltaica) ha denunciado la súbita y brutal reducción de la tarifa de las plantas fotovoltaicas en suelo, lo que impedirá la rentabilidad de estas instalaciones; el volumen total del mercado se reducirá casi un 50 por ciento desde los 500 MW anuales previstos por la regulación hasta poco más de 250 MW, lo que llevará a las firmas españolas a depender de mercados exteriores.
Por su parte, Aef (Asociación Empresarial Fotovoltaica) ha criticado también la “exagerada reducción tarifaria”, que se estima en 600 millones de euros, que obstaculizará el volver a invertir en este sector en España; también subrayó que la limitación a 25 años en la percepción tarifaria supone una medida retroactiva. No obstante, ambas asociaciones han valorado que, al menos, esta normativa acabe con la incertidumbre regulatoria.
Fuente: Revista Elektroprofesional