Muchos de estos dispositivos, fabricados fuera de la Unión Europea y comercializados bajo diferentes marcas, no pagan los derechos por el uso de algoritmos de procesamiento de señales y el software propietario, afectando este impago, y consiguiente fraude, no sólo a los fabricantes y compañías que sí cumplen, sino también al distribuidor, al instalador y al usuario final.
El impago de estos ‘royalties’ puede acarrear sanciones económicas; además estos aparatos no garantizan el correcto funcionamiento en el futuro ya que no aseguran la actualización de software y algoritmos ante eventuales cambios de los mismos, lo que conllevaría la interrupción del servicio.