Se espera que esta reforma sea el revulsivo que reactive la economía española y gallega ya que su redacción respalda las continuas demandas realizadas por las pymes.
La principal modificación es la prohibición de pactar entre las partes el establecimiento de plazos de pago superiores a los que permite la Ley, es decir, un máximo de 30 días para la Administración y de 60 días para el sector privado.
Además, será obligatorio estipular, en las cuentas anuales, el plazo medio de pago a los proveedores, por lo cual, cualquier empresa podrá conocer si la compañía con la que va a establecer un contrato de prestación de material o servicios cumple con los plazos de pago que marca la Ley.
08 Abril 2010